Elecciones Perú 2026. La ultraderecha peruana, entre el sabotaje y el fraude

 

Las anomalías experimentadas en el proceso electoral 2026, ha desatado una simulada rabia entre los líderes políticos de la ultraderecha peruana, que acusan al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, de ser el cabecilla de un fraude que favorecería a la izquierda. En un contexto contaminado por las acciones antipolíticas de un sector de costumbres antidemocráticas y fascistoides, cuyo discurso intolerante y “fraudista”, ha empezado a tener como caja de resonancia a algunos candidatos presidenciales de otro espectro, además de grupos correspondientes a la progresía y a la izquierda peruana.  Por lo que, quizás para evitar esas cada vez más demoledoras e irracionales críticas al sistema político nacional, además de escapar de todo el ruido derivado de esas cuasi “folklóricas” acciones de sabotaje que los sectores ultraconservadores suelen sacar adelante, religiosamente, cada cinco años, lo más aconsejable hubiese sido invalidar las elecciones y convocar a otra que no esté dañada por la “retención” de material electoral en distintas zonas de Lima, además de los votos de ese grupo de electores que, al hacerlo un día después, sabían de antemano algunos resultados.

Una nueva elección, pero solo si Piero Corvetto, ahora víctima de un inusitado bullying —denunciado penalmente incluso por un organismo análogo, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)—, continúa en el cargo. Porque de no ser así, es decir, si Renovación Popular y Fuerza Popular logran sacarlo de la jefatura de la ONPE, para poner en su lugar a algún títere fujimontesinista, correspondiente a la derecha bruta y achorada (DBA), el nuevo sufragio estaría totalmente pervertido por la voluntad licenciosa y sediciosa de los sectores más retardatarios del país, que generalmente aspiran a crear las condiciones fraudulentas para que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga arrasen en primera vuelta, para que puedan así, copar la cámara de senadores y diputados, además de lograr que ambos se disputen la presidencia del Perú, y no haya posibilidad alguna de oposición.

Cabe mencionar que, el proceso electoral fue contaminado desde el inicio, pero no porque los “caviares” o la “zurdería”, digitada por Gustavo Gorriti, vía Corvetto, hayan realizado un “fraude” —palabra que desde hace casi dos décadas, suele caracterizar a la ultraderecha en general y al fujimorismo en especial, cuando estos no obtienen los resultados esperados—; sino porque las elecciones generales de este 12 de abril, han sido violentadas por un boicot sistemático a las acciones y responsabilidades de dicho ente electoral. Sabotaje que tiene como eje más visible a Renovación Popular y su cabecilla Rafael López Aliaga, desde una serie de acciones dirigidas a entorpecer el proceso, enturbiándolo, para finalmente apuntar al “secuestro” del material electoral, y tener como resultado el retraso en la entrega de las actas correspondientes a 211 mesas de sufragio, equivalente a 63 mil electores, que ascienden a un 23 % de votos no realizados, que tuvieron que esperar al lunes 13, para hacerlo.

De ahí que López Aliaga haya salido, como un psicópata, a “incendiar la pradera”, insultando, presionando y divulgando infamias en contra de Piero Corvetto, además de amenazarlo de muerte (“No sé si quede vivo”: https://share.google/S8z9foFYKTM98GTTN )—, pues es a él, a quién quiere destituir a toda costa —acciones que tras bambalinas el fujimorismo criminal auspicia y aplaude. Además de acusarlo, desde semanas antes de las elecciones, de ser el responsable de un fraude “caviar” que favorecería a la izquierda, fraude a todas luces inexistente, sobre todo porque el retraso de material electoral no ha implicado la manipulación de padrones y adulteración de cédulas —lo que sí implicaría fraude—, sino un boicot sistemático, por parte de terceros, que han intentado viciar el natural ritmo de estos procesos, boicot que dio lugar debido a patrones electorales que no dado lugar a que, en algunos lugares, el  proceso electoral resulte suspendido o viciado, debido a padrones electorales que no llegaron a tiempo, sumado a la cantidad considerable de mesas electorales que no pudieron abrirse.

Conteo rápido Ipsos al 95.7 % / Resultados oficiales ONPE al 93.57 %

En todo caso, ha sido la DBA, la que, desde un Congreso criminal, ha copado casi todas las instituciones del Estado, por lo que, desde hace mucho necesita controlar también la ONPE, además de poner a sus marionetas en el JNE, y poder así, tener el camino libre para manipular cifras electorales y amañar elecciones, para que estas siempre favorezcan a ese siempre soñado ascenso de Fuerza Popular, a la presidencia. Algo que solo resultará factible, si la Señora K, pasa acompañada por López Aliaga —ambos   integrantes del “pacto mafioso” que ha tomado el Congreso— a la segunda vuelta electoral. Lo que explicaría por qué el cabecilla de Renovación Popular, aparece profiriendo groserías y difamando impunemente a todos los que se le oponen; esto, debido a que, en su rol porcina, le corresponde radicalizarse, envilecerse y ensuciarse más; mientras la líder del fujimorismo, inusitada y estratégicamente, se mantiene reservada, para presentarse así, durante la segunda vuelta electoral, como una candidata buena y moderada.

Resulta extraño también que Keiko Fujimori haya logrado pasar, en primer lugar y con un relativo amplio margen, como la primera opción política en la lista de resultados de la ONPE, con poco más del 17 % de los votos válidos, seguido por el 12 % de su principal perseguidor, Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú. Algo sospechoso, porque la figura de Keiko, con el paso de los años —debido a sus antecedente corruptos y a su nociva influencia sobre el Estado desde una bancada de impresentables—, se ha ido deteriorando hasta ceder algo de su espectro de electores lumpen, al partido Renovación Popular. Pero, sobre todo porque ha sido ella, la que ha venido gobernando, desde uno de los peores legislativos de la historia, marcado por una alianza de extremos fujicerronistas, en un Congreso del hampa que tiene el mayor índice de desaprobación de la historia, un 93 %, una institución habitada por los responsables de las subrepticias gestiones de ese “pacto mafioso” que ha venido gobernando y lapidando, desde el legislativo, al país. Un Congreso que, no obstante haber sido el responsable del aumento de los índices de extorsión, muerte, inseguridad y criminalidad en el país —tras aprobar aquella serie de “leyes pro-crimen”—, prácticamente ha sido reelegido.  

En todo caso, es ese súbito ascenso electoral de Keiko Fujimori, insólito si recordamos que, en la primera vuelta de las Elecciones Generales de 2021, Pedro Castillo había alcanzado el primer lugar, con un 18.92 % de votos válidos; mientras la señora K, ocupaba el segundo con 13.40 %; en tanto, López Aliaga el tercero, con 11.45 %. Cambios considerables, si comparamos las cifras de hace cinco años, con las de este 2026; algo que quizá pueda explicarse desde dos argumentos que, de alguna manera, pueden simplificar el fenómeno. Primero, asociado al hecho de que Keiko ha experimentado la inyección de un número inusitado de votos nuevos, captados a partir de ese proceso de “migraciones controladas” por la ultraderecha peruana, evento asociado a lo que fuera el “Grupo de Lima”, que ha tenido como consigna política, crear un quintacolumnismo conservador extranjero que pueda servir de control al progresivo empoderamiento y ascenso de una izquierda etnocultural en territorio peruano. Por lo que impulsaron, para ello, una masiva emigración de individuos antiprogresistas, antichavistas y fascistas venezolanos hacia Perú, quienes han sido, los que, tras obtener la ciudadanía peruana, habrían empezado a nutrir ese nicho populista, antipolítico, profascista y procriminal, espectro que, debido a esa excesiva angurria pospolítica que ha caracterizado a la ultraderecha peruana, ha ido perdiendo.

En segundo lugar, podemos entender ese incremento de votos favorables para Fuerza Popular, un partido catalogado judicialmente como “organización criminal”, desde aquella añeja práctica clientelista-populista del fujimorismo: la de dar dádivas y comprar votos; procedimiento denunciado también en elecciones anteriores, pero que tienen incidencias en estas elecciones. Sobre todo, porque ese han divulgado informes que dicen, que el partido de marras, habría estado pagando a un sinnúmero de personas, para que estos voten por su candidata, y tomen una foto a la cédula de sufragio marcada, para que finalmente puedan cobrar el dinero prometido ( https://www.facebook.com/share/r/1AtaW5QFjQ/ ).

En ese sentido, del fujimorismo conocemos ya su modus operandi extorsionador, salteador, clientelista y golpista, y sabemos que de ello fueron víctimas expresidentes como Pedro Pablo de ello ya fueron víctimas los expresidentes Pedro Pablo Kuszinski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. No obstante, el sector conservador y corrupto de la ultraderecha política peruana, que tiene como patrones al grupo de familias congregadas en torno al Club Nazional, no solo está integrado por organizaciones políticas lacayas, que resultan funcionales a lo deseos de una oligarquía antinacional y antipatriótica, partido priorizado sobre otros, porque ellos han demostrado ser los sicarios más eficientes, al momento de hacer los trabajos sucios. Además de comprender la función, en todo este engranaje, de todas esas agrupaciones políticas actualmente popular-fascistas, marcadas por el rótulo “populista”, en sus denominaciones, como Renovación Popular, Acción Popular, Partido Aprista (Alianza Popular), además de grupos de fachada clientelistas como Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

En todo caso, ha sido López Aliaga, consciente de que podría quedar fuera de la segunda vuelta, el que, con una replana de ladrón de esquina, ha salido con la “pata en alto” a denunciar un presunto “fraude” que se habría cometido durante el proceso electoral; y a convocar, si es que no se anulan las Elecciones Generales 2026, a la “insurgencia civil” ( https://www.facebook.com/share/r/182VzDmgMp/ ); además de amenazar al presidente del JNE, Roberto Burneo, de sodomizarlo para hacerlo más hombre ( https://youtube.com/shorts/QuepcohhzGw?si=ifSFjxNFh7JRRl8V ), si es que este no declara la “nulidad de este fraude electoral”.

En este sentido, la posibilidad de que exista una oposición “caviar”, contraria al “pacto mafioso” que gobierna desde el Congreso al país, una oposición que tenga la capacidad de gestión para realizar un fraude de las dimensiones planteadas por el líder de Renovación Popular, no es posible. Pues, en un escenario en el que las instituciones y poderes del Estado han sido copados y secuestrados por los políticos criminales, mercantilistas y corruptos de siempre; por lo que resulta casi imposible, se genere una estructura logística que, desde la “izquierda caviar” o desde la izquierda popular, pueda llevar adelante un proceso fraudulento, contrario a los intereses de una ultraderecha hegemónica, y más aún, que una asonada como esa, pueda terminar con éxito.

Contrariamente, ha sido la ultraderecha la que, durante el último lustro, desde un Congreso criminal que ha logrado anticonstitucionalmente la ampliación de espectro electoral y la dispersión del espacio político —35 partidos participaron en estas elecciones—, ha dado lugar a la excesiva fragmentación de votos y votantes, preparando el camino, con ello, para un peligroso continuismo congresal-totalitario y clientelista, alineado a los intereses corruptos de las grandes empresas. Además de haber creado las condiciones fraudulentas para que un gobierno corrupto, antidemocrático y fascistoide, como el que el fujimorismo encarnaría, asuma la presidencia. Un Congreso fortalecido, aún más, debido a que —desobedeciendo las decisiones ciudadanas asociadas a un referéndum que votó en contra de dividir en dos cámaras el legislativo— ahora contará con una instancia intocable de senadores y otra de diputados.

En tanto, existen evidencias de un presumible boicot a las labores de la ONPE, maquinado directamente por López Aliaga y compañía, sabotaje que habría impedido la óptima gestión de las labores preelectorales de dicha organización. Acciones sospechosas que deben ser investigadas y judicializadas. Sobre todo, porque la empresa responsable de la distribución de las ánforas y actas electorales, durante aquel domingo de elecciones, la que generó el retraso en la entrega del material electoral, es decir, Servicios Generales Galaga, ha estado relacionada a las gestiones corruptas del partido Renovación Popular, y López Aliaga, en la Municipalidad de Lima.

No obstante, hay un asunto que sospechosamente no está presente en las discusiones que vienen dándose entorno a la claridad o no de las elecciones, y que forman parte de las exigencias en pos de la transparencia y legalidad de un proceso democrático. Datos que están siendo cuestionados ni divulgados por la prensa concentrada peruana —casi íntegramente alineada a los intereses de una ultraderecha fascista y a las voluntades de la clase social dominante—, ni investigados por los organismos de justicia electoral ni por el Poder Judicial. Sobre todo, porque se ha reportado casos de manipulación y fraude focalizado, que favorecían al fujimorismo, desde actas electorales correspondientes a diferentes zonas del país, previamente marcadas con el símbolo de Fuerza Popular.

Ese Modus operandi, natural al fujimorismo, hizo que, también durante la primera vuelta de 2021, se dieran evidentes casos de manipulación y alteración de resultados; pues, el candidato que debió pasar a segunda vuelta, acompañando a Castillo, que había ocupado el primer lugar, no fue Keiko, sino Hernando de Soto, de Avanza País —que no dijo nada a pesar de las evidencias que hablaban de robo y suplantación de votos—; y como el único que reclamó y acusó al fujimorismo de haber realizado fraude, sindicándolos como los responsables de haber adulterado las cifras, para ubicar a Keiko en el segundo lugar, fue López Aliaga, a manera de consuelo, a este, se le terminó ubicando  en el tercer lugar, relegando al medroso Hernando de Soto, al cuarto puesto.

Mapa electoral 2026

Fuerza Popular es quizá la única agrupación política o el único partido que puede contar con una estructura nacional efectiva con la capacidad de gestionar un fraude electoral, fraude que implicaría la articulación de una serie de redes asistenciales y clientelares nacionales, estructuradas para la manipulación de actas, en diversas zonas del país, incluyendo zonas remotas. De ahí que se han reportado, también en estas elecciones, evidencias de manipulación del material electoral, como el caso de las planillas correspondientes a toda una mesa, que no presentaban la opción para votar por el líder del partido Juntos por el Perú, ( https://www.facebook.com/share/v/1YAsFf1DNU/ ); o el de ánforas electorales integras, encontradas en Loreto y en Tumbes, cuyas cédulas habían sido marcadas previamente con el símbolo del fujimorismo ( https://www.facebook.com/share/r/1HJyyh8N4E/ ).

Otro elemento anómalo que también pudo enturbiar aún más el proceso, se encuentra en las divergentes estadísticas, ofrecidas por las empresas Ipsos y Datum, correspondientes primero al flash electoral, y luego, a los resultados del “conteo rápido”, que mostraban un sospechoso desacuerdo en los porcentajes y las cifras de ambas compañías. Pues, mientras Ipsos, que había realizado su sondeo por encargo de Transparencia y el National Democratic Institute, mostraba resultados un tanto más cercanos a las cifras que luego emitiría la ONPE, pues ubicaba en primer lugar a Keiko de Fuerza Popular, con un 17.1 %; seguido por Sánchez de Juntos por el Perú, con un 12.4 %; y ponía en el tercer lugar a López Aliaga de Renovación Popular con 11.3 %; seguido por Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 10.8 %; la empresa Datum, a servicio del Grupo El Comercio y América Televisión —medios alineados a los intereses de la ultraderecha financiera peruana—, irresponsablemente se apresuraba a publicar unos resultados totalmente distintos, cifras que, no obstante ubicar también en primer lugar a Keiko, con 16 %; ubicaba en la segunda casilla a López Aliaga, con 12.8 %; seguido por Nieto, en tercer lugar, con 11.6; mientras relegaba a Sánchez a un “improbable” quinto lugar, con 10 %, porcentaje que resultaba risible, si lo comparamos con la cifra divulgada por Ipsos.

De alguna manera, mientras los resultados del conteo rápido de Ipsos tuvieron que esperar hasta el mediodía del lunes 13, para ser divulgados, puesto que ese lunes se habían abierto las mesas para que sufraguen los que habían quedado pendiente el día anterior; las sospechosas cifras de Datum, fueron publicadas apresuradamente, durante la noche de ese mismo domingo. Las razones pueden desprenderse de los discursos “fraudistas” que se han estado divulgando durante todos estos días. A todas luces, lo que Datum buscaba, no sabemos las motivaciones, era que su sondeo se convierta en el pretexto perfecto para que López Aliaga reclame la manipulación de los resultados y refuerce sus acusaciones de fraude en contra de la ONPE, y continúe pidiendo que se anulen las elecciones.    

Tras la divulgación de los resultados definitivos del conteo rápido, realizado por Ipsos, al 95.7 %, inmediatamente empezaron a circular una sarta de insultos, en contra de dicha empresa y en contra de Transparencia, diatribas que buscaban deslegitimar unas cifras que finalmente fueron las que más se acercaron a las estadísticas oficiales que ha estado proporcionando, durante estos días en la ONPE. En tanto, los desesperados partidarios de un triunfo de López Aliaga sobre Sánchez, empezaban a enarbolar los resultados de Datum, como los correctos, para, de esta manera, clamar ´fraude y seguir ensuciando los acidentados resultados de las elecciones. En todo caso, las evidencias de un fraude electoral, realizado desde el polo caviar, que incluiría a Gorriti y a Corvetto, no existe, o por lo menos no los tiene López Aliaga, lo que lo ha llevado a ofrecer 20 mil soles de recompensa, a trabajadores de esos organismos electorales, que le puedan brindar informacion veraz  sobre irregularidades o fraude en el proceso, un proceso marcado por el sabotaje que está ejerciendo Renovación Popular.                                                       

Tal vez es en esta etapa, en la que el líder de Renovación Popular le corresponde llevar a cabo su repugnante campaña —marcada por la bravuconería, el discurso sexista y los agravios— en pro de sabotear las elecciones e impedir que se conozcan los resultados finales de esta priera vuelta, que la lederesa de Fuerza Popular permanece tranquila. No obstante, la historia reciente nos dice que, ya en la segunda vuelta, será Keiko la que no reconozca su derrota y mande al trasto los resultados electorales, y pase a inaugurar un lustro nuevo de pataletas, componenda, leyes procrimen, extorsión, infamias y estrategias de vacancia, que determinarán el futuro político inmediato de lo que conocemos como democracia representativa en el Perú, en su versión más viciada y teratológica. Algo que evidencia aquella pulsión antidemocrática, mercantilista y autoritaria, característica a los sectores hegemónicos y retardatarios que detentan fácticamente el poder. Actores, cuyos avatares políticos, no hacen otra cosa que envilecer aún más al país. Empeñados, como están, en entorpecer y ensuciar el precarizado espectro de esa ficción que conocemos como democracia peruana.                                                                                  

                                                                                                                Rafael Ojeda