Elecciones 2026. La ultraderecha peruana, entre el sabotaje y el fraude

 

En un contexto contaminado por las acciones antipolíticas de un sector de costumbres antidemocráticas, cuyo discurso fascistoide, intolerante, desestabilizador, golpista y “fraudista”, ha empezado a tener como caja de resonancia a algunos (ex)candidatos presidenciales, además de grupos correspondientes a una progresía legalista mediática, sumados sectores tradicionales de la izquierda peruana, se puede asumir lo históricamente reciente como un bucle transhistórico que está determinando un contexto de caídas y recaídas constantes. Por lo que, quizás, para sobreponerse a todas esas, cada vez más demoledoras, antidemocráticas e irracionales críticas al sistema político, además de guarecerse de todo el ruido de fondo derivado de esas cuasi “folklóricas” acciones y manifestaciones de sabotaje enarbolado por los sectores ultraconservadores de siempre, que suelen sacar adelante, religiosa y antipolíticamente, cada cinco años, un discurso "fraudista", cancelatorio y descalificador del antagonista, se deba aprehender aquella lógica procedimental de esos  grupos extremistas y fascistas que suelen apelar al mantra del fraude, cuando las votaciones tienden a no favorecerlos. Aferrándose como ladillas a un elemento minúsculo que les pueda permitir cuestionarlo todo, desestabilizarlo todo. El pretexto de turno ha sido la focalizada “retención” de material electoral y cédulas que no pudieron ser entregadas a tiempo, en distintas zonas de Lima Metropolitana.

Quizá, hasta se puede coincidir en lo vetadamente "informal" que ha resultado la continuación de las elecciones, con ese grupo de electores que no pudieron sufragar el domingo 12, y que, al hacerlo un día después, ya sabían de antemano algunos resultados. Pero, esas anomalías experimentadas durante el proceso electoral 2026, que han desatado una simulada rabia entre los líderes políticos de la ultraderecha cavernaria peruana, que acusan al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, de ser el cabecilla de un megafraude electoral que favorecería a la izquierda, tienden a ser mínimas, sobre todo si evaluamos el restringido espectro de esos electores. Evidencias que parecen no corresponder a las actitudes desestabilizadoras y violentistas de un sector de la población, que pendula entre un discurso gansteril y vomitivo de uno de los protagonistas del sabotaje; y el mutismo estratégico y la sonrisa cínica de la otra protagonista; una golpista y fraudista que inexplicablemente ha logrado la primera "mayoría" en las urnas. Todo ello, acompasado por argumentos contradictorios que han dado lugar a una serie de lugares comunes que, como bullicio y ruido, vienen determinando las lateralidades características a discusiones de este tipo. Desde la aceptación y el rechazo a unas elecciones que se proponían viciadas, desde su origen: primero, debido aquella superabundancia de candidatos que dieron lugar a una fragmentación planificada por un Congreso tomado por el hampa, que ha legislado y continúa legislando para asegurar su condición de poder principal, como dictadura congresal, en desmedro de los otros poderes del Estado. Después, por la identificación de elementos e incidentes extraños —en un organismo que debería funcionar como un sistema de relojería— que fueron enturbiando la normalidad del proceso; además de la ineficiencia de una institución que, en un ambiente plagado de tempestades y turbulencias, debió dar la talla constitucional, pero no lo hizo.  

Es en este contexto, polarizado, entre las acciones desestabilizadoras de un fascismo criollo subsumido a las voluntades de las élites mercantilistas peruanas, que detentan el poder; contexto dinamizado por un Congreso del hampa que apuesta por la consolidación y continuismo de una dictadura congresal; enfrentado a un sector que se presenta como antagonista al pacto mafioso que ha tomado por asalto el Estado, en el que ha tomado fuerza ese contrahecho discurso fraudista. Por lo que, tal vez, para escapar de la zona de turbulencias y tranquilizar las embravecidas aguas, quizá lo aconsejable sería invalidar estas elecciones —como sueña la derecha alternativa peruana— y evaluar la convocatoria otra —aunque, en este caso, no esté prevista por la ley— que no esté dañada y que, de alguna manera, podría ser una salida salomónicamente factible, para evadirse de este entrampamiento generado, sobre todo por las rabietas de los sectores golpistas; pero solo si Piero Corvetto, víctima de un inusitado bullying —denunciado penalmente incluso por un organismo análogo, como es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)—, permanecía en el cargo. Pues, de no ser así, es decir, si Renovación Popular y Fuerza Popular lograban, como lo han hecho, que Corvetto abandone la jefatura de la ONPE, para poner en su lugar a algún títere fujimontesinista, marioneta obsecuente a los caprichos de la derecha bruta y achorada (DBA), el nuevo sufragio quedaría totalmente pervertido por las acciones golpistas, dictatoriales y antidemocráticas de la ultraderecha peruana. 

Piero Corvetto dimitió el martes 21 de abril, se vio obligado a renunciar a un cargo "irrenunciable", ante una Junta Nacional de Justicia (JNJ) penetrada por el fujimorismo, institución que en lugar de tomar partido por la legalidad y rechazarla, inmediatamente y por unanimidad, la aceptó. En su carta de renuncia, Corvetto dice: "Luego de los  problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana (...) considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la Segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE". La noticia en sí, ya es devastadora; primero porque una cuestionable JNJ, con nexos directos con el Congreso del hampa y el fujimorismo, de manera ilegal y apresuradamente aceptó la renuncia de Corvetto, porque eso era lo que buscaba el sector al que esta institución está alineada. Luego porque este antecedente abre las puertas a la posibilidad del copamiento y captura de la ONPE, institución que desde el inicio ha sido uno de los objetivos del pacto criminal y mafioso liderado por el fujimorismo. Y, en tercer lugar, porque este hecho, que obedece a las presiones lumpenescas de la ultraderecha, encabezada por López Aliaga, crea un mal precedente, pues da carta libre a la matonería movilizada —esa suerte de MAGA peruano, en su versión más contrahecha y chicha, que tiene como líder a un alcohólico que controla a sus seguidores diciéndoles: "cállense carajo"—, para que el objetivo próximo sea una institución ya sospechosa de no ser neutral, como es el JNE. Lo cual acabaría con cualquier posibilidad de resistencia a la voluntad licenciosa y sediciosa de los sectores más retardatarios del país; además de someterla a los caprichos antidemocráticos, criminales y totalitarios de una ultraderecha política, bruta y achorada, que gradualmente, con su terruqueo y discriminación, viene multiplicando los antagonismos que están precarizando a la sociedad peruana.

La decisión de la JNJ es ilegal, y crea además un precedente nefasto, pues refuerza las voluntades prepotentes y arbitrarias de aquellos sectores cuya aspiración no es la de reforzar la democracia; sino la de crear, ya con una ONPE capturada y un JNE cercado, sobre todo si es que se anulan estas elecciones, desde discursos violentistas, segregacionistas y fascistas, las condiciones fraudulentas y caóticas, que serían el caldo de cultivo perfecto, para que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga arrasen en Primera vuelta, y puedan así, copar la cámara de senadores y diputados para que la ultraderecha, desde un Congreso más omnipotente aún, controle a su antojo y saquee al país. Además de lograr que estos dos personajes, hermanados en lo fascistoide, intolerante, prepotente y conservador de su discurso, disputen la Segunda vuelta electoral; para que, también desde el Ejecutivo, puedan tener el control absoluto de todas las instituciones del Estado, y finalmente no haya posibilidad de resistencia ni de oposición. Sabotaje articulado a partir una campaña perversa y sistemática que busca, tras promover el boicot a los resultados electorales gestionados por la ONPE, instalar un ecosistema político autoritario y colapsado, para que, desde un sistema democrático representativo a estas alturas devenida en su farsa, aspiren al control total de sistema electoral, e instaurar finalmente su dictadura perfecta. 

No obstante, el proceso electoral, contaminado desde el inicio, pero no porque los “caviares” o la “zurdería”, "digitada" por Gustavo Gorriti, vía Corvetto —como podría decirlo Aliaga—, hayan realizado un “fraude” —palabra que desde hace casi dos décadas, suele caracterizar a la ultraderecha en general y al fujimorismo en especial, cuando estos no obtienen los resultados electorales esperados—; sino porque las elecciones generales de este 12 de abril, han sido violentadas por un boicot sistemático a las acciones y responsabilidades de dicho ente electoral, boicot llevado a cabo por los sectores más recalcitrantes de la derecha alternativa peruana. Sabotaje que tiene como eje más visible a Renovación Popular y a su cabecilla Rafael López Aliaga; desde una serie de acciones dirigidas a entorpecer el proceso, enturbiándolo al apuntar primero hacia un presumible “secuestro” del material electoral, lo que dio como resultado el retraso en la entrega de los padrones y actas correspondientes a 211 mesas de sufragio, en distintos distritos de Lima; una cantidad considerable de mesas no abiertas, equivalente a 63 mil electores que porcentualmente ascienden a un 23 % de votos no realizados, y que tuvieron que esperar al lunes 13, para finalmente hacerlo. De ahí que, luego de utilizar este pretexto para diseminar una narrativa "fraudista", además de promover el boicot de los resultados de la ONPE, sabotaje que parece haber sido planificado desde mucho antes, tras el objetivo de boicotear también, vía desmedidas impugnaciones, la proclamación de los resultados de la Primera vuelta, y que se inicie la campaña de una Segunda que ya debería estar en curso; el discurso de "cancelación" de las elecciones se ha vuelto cada vez más violento. 

Registro del autor, foto de una de las gestas: "Que se vayan todos", enero 2023 

Hasta allí, todo podría parecer un asunto de porcentajes, errores garrafales, omisiones y cifras; pero que López Aliaga salga, como un psicópata a “incendiar la pradera”, insultando, presionando y divulgando infamias en contra de Piero Corvetto, además de amenazarlo de muerte (“No sé si quede vivo”: https://share.google/S8z9foFYKTM98GTTN )—, resulta sintomático; pues es al jefe de la ONPE, al que el fujimorismo desde el 2021 ha buscado vacar intransigentemente, personaje que ahora el líder de Renovación Popular ha buscado destituir a toda costa, además de acusarlo, algunas semanas antes de las elecciones, de ser el responsable de un inmanente fraude “caviar” que favorecería a la izquierda. Fraude a todas luces inexistente. Sobre todo porque el retraso de material electoral no ha implicado la manipulación de padrones y la adulteración de cédulas de sufragio —lo que sí implicaría fraude—, sino las graves manifestaciones de un sabotaje sistemático, quizá también por infiltración interna, por parte de terceros que se propusieron perturbar el natural ritmo de estos eventos. Boicot que ha dado lugar a un proceso viciado que debe ser investigado y judicializado, más allá que de que el fujimorismo y el "porkismo" hayan conseguido su objetivo —tras la renuncia de Corvetto a la jefatura de la ONPE— de precarizar la neutralidad del sistema electoral.

Del fujimorismo conocemos ya su modus operandi extorsionador, salteador, clientelista y golpista, y sabemos que de ello fueron víctimas expresidentes como Pedro Pablo Kuszinski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, como seguramente serán también los futuros presidentes que se les presenten. No obstante, ese sector conservador y corrupto de la ultraderecha política peruana, que tiene como patrones al grupo de familias congregadas en torno al Club Nazional, no solo está integrado por Fuerza Popular, agrupación generalmente priorizada sobre las otras, porque esta ha demostrado tener a los sicarios más eficientes, al momento de hacer los trabajos sucios; sino, también por ese grupo de organizaciones políticas lacayas, que resultan funcionales a lo deseos de una oligarquía antinacional y antipatriótica, que nos permite comprender, además de su forma de actuar, la función de todo ese engranaje ultraconservador, aglutinante de las voluntades, desde agrupaciones políticas, actualmente "popular-fascistas", marcadas por el rótulo “populista” en sus denominaciones particulares, como Renovación Popular, Acción Popular, Partido Aprista (Alianza Popular), además de grupos de fachada clientelistas como Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

En todo caso, ha sido la DBA, la que, desde un Congreso del hampa, ha copado casi todas las instituciones del Estado, por lo que, desde hace mucho, necesita controlar también la ONPE, además de querer poner a sus marionetas en el JNE; para así, tener el camino libre para manipular personas, cifras y amañar elecciones, con el fin de que estas favorezcan a ese siempre soñado ascenso de Fuerza Popular, a la presidencia del Perú. Algo que solo puede ser factible, si la Señora K pasa acompañada por López Aliaga —ambos integrantes del “pacto mafioso” que ha tomado por asalto al Congreso— a la segunda vuelta electoral. Esto explicaría por qué el cabecilla de Renovación Popular, aparece profiriendo groserías y difamando impunemente a todos los que se le oponen; para cumplir con su rol de porcino bruto y achorado, al que le corresponde radicalizarse, envilecerse y ensuciarse cada vez más; mientras la líder fujimorista, inusitada y estratégicamente, se mantiene reservada, para presentarse, durante la campaña de la Segunda vuelta electoral, como una candidata "buena" y moderada, que solo derivará en su naturaleza bizarra y golpista, si pierde las elecciones una vez más.

Resulta extraño que Keiko Fujimori haya logrado pasar en primer lugar, con un relativo amplio margen: con poco más del 17 % de los votos válidos, según los resultados generales de la ONPE, seguido por el 12 % del candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú. Una cifra, a estas alturas extrañamente sospechosa, sobre todo porque la figura de Keiko, con el paso de los años —debido a sus antecedente corruptos y a su nociva influencia sobre el Estado desde una bancada de impresentables—, se ha ido deteriorando, hasta ceder algo de su espectro de electores lumpen, al partido Renovación Popular, de alguna manera con menos prontuario criminal. Más aún si consideramos que ha sido ella, la que ha venido gobernando, durante estos últimos años, desde uno de los peores legislativos de la historia, imponiendo presidentes desechables, subsumidos a su voluntad, desde un Congreso plagado de componendas, corrupción y colusión. Congreso que tiene el mayor índice de desaprobación de la historia: 93 % de desprecio, cifra sintomática a una institución plagada de personajes que han sido los responsables de las  gestiones subrepticias de un “pacto mafioso”, determinado además por esa alianza de extremos, representada por el fujicerronismo, que ha venido gobernando y lapidando, desde el legislativo, al país.

Es ese súbito ascenso electoral de Keiko, insólito si recordamos que en la primera vuelta de las Elecciones Generales de 2021, Pedro Castillo había alcanzado el primer lugar, con un 18.92 % de votos válidos; mientras la señora K, ocupaba el segundo lugar con 13.40 %, nos habla de cambios  considerables; sobre todo si comparamos las cifras de hace cinco años, con las de este 2026. Cifras que resultan estrictamente diametrales, sobre todo porque no hay elementos visibles, asociados a una buena gestión fujimorista desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, que pueda haber ayudado a mejorar la imagen de la candidata de Fuerza Popular. Al contrario, su total identificación con las muertes, frivolidades y corrupción, acaecida durante el gobierno de Dina Boluarte, a todas luces su marioneta, cuya desaprobación sobrepasó el 96 %, debieron de pasarle una factura negativa. Además de su mimetismo e identificación con un Congreso del hampa que, no obstante haber sido el responsable del aumento de los índices de extorsión, muerte, inseguridad y criminalidad en el país —tras aprobar una serie importante de “leyes pro-crimen”—, prácticamente ha sido reelegido.  

Esto, quizá pueda explicarse desde tres razonamientos que, de alguna manera, no obstante ser ilustrativos, pueden terminar simplificando el fenómeno. El primero, asociado al hecho de que Keiko habría experimentado la inyección de un número planificado de votos nuevos, captados a partir de ese proceso de “migraciones controladas” dinamizada por la ultraderecha peruana, fenómeno asociado a lo que fuera el “Grupo de Lima”, que tuvo como consigna política, crear un quintacolumnismo conservador extranjero, que pueda servir de contrapeso al progresivo empoderamiento y ascenso de una izquierda etnocultural, cada vez más visible en territorio peruano. Y, para ello, impulsaron una emigración masiva de individuos antiprogresistas, antichavistas y fascistas venezolanos hacia Perú, quienes han sido, los que, tras obtener la ciudadanía peruana, habrían empezado a nutrir ese nicho populista, antipolítico, profascista y procriminal, regentado por el fujimorismo. Ultraderecha enfrentada ahora a ese espectro nativista y nacionalista que, debido a su excesiva angurria pospolítica, ha ido perdiendo. 

En segundo lugar, se puede comprender este incremento de votos favorables a Fuerza Popular, partido catalogado judicialmente como “organización criminal”, desde aquella añeja práctica clientelista-populista característica al fujimorismo, desde los años noventas: la de dar dádivas y comprar votos; procedimiento denunciado en elecciones anteriores, pero que tienen también incidencias en estas. Sobre todo, porque se han divulgado informes que dicen que el partido de marras, habría estado pagando a un sinnúmero de personas, para que estos voten por su candidata, y tomen una foto de la cédula de sufragio, marcada por el símbolo K, para que finalmente puedan cobrar el dinero prometido ( https://www.facebook.com/share/r/1AtaW5QFjQ/ ).

Y finalmente, desde el hecho de que Fuerza Popular es quizá la única agrupación política o el único partido que puede contar con una estructura nacional efectiva con la capacidad de gestionar un fraude electoral de dimensiones molares y moleculares, fraude que implicaría la articulación de una serie de redes asistenciales, clientelares y suplantadoras nacionales, estructuradas para el cambio y manipulación de actas, en diversas zonas del país, incluyendo zonas remotas, cuya distancia facilitaría la efectividad del proceso de adulteración de actas y votos. De ahí que se han reportado, también en estas elecciones, evidencias de manipulación del material electoral, como el caso de las planillas correspondientes a toda una mesa, que carecían de la opción para votar por el líder del partido Juntos por el Perú, ( https://www.facebook.com/share/v/1YAsFf1DNU/ ); o el de ánforas electorales integras, encontradas en Loreto y en Tumbes, cuyas cédulas habían sido marcadas previamente, con el símbolo "K" del fujimorismo ( https://www.facebook.com/share/r/1HJyyh8N4E/ ).

Conteo rápido Ipsos al 95.7 % / Resultados oficiales ONPE al 93.57 %

En todo caso, ha sido López Aliaga, quien, viendo peligrar sus aspiraciones presidenciales y bastante consciente de que va a quedar fuera de la Segunda vuelta, el que, con una replana de ladrón de barrio y matón de esquina, ha salido con la “pata en alto” a presionar al JNE, y a denunciar un presunto “fraude” que se habría cometido durante el proceso electoral del domingo 12, para perjudicarlo; además de convocar, si es que el presidente del JNE, Roberto Burneo, no declara nulas las Elecciones Generales 2026, a la “insurgencia civil” ( https://www.facebook.com/share/r/182VzDmgMp/ ); amenazándolo además, de sodomizarlo para hacerlo más hombre ( https://youtube.com/shorts/QuepcohhzGw?si=ifSFjxNFh7JRRl8V ), si es que este no declara la inmediata “nulidad de este fraude electoral”.

Lo extraño es, que la posibilidad de que exista una oposición “caviar”, contraria al “pacto mafioso” que gobierna desde el Congreso a todo el país, una oposición que tenga solvencia económica y capacidad de gestión para realizar un fraude de las dimensiones planteadas por el líder de Renovación Popular, no es posible. Sobre todo porque en un escenario en el que las instituciones y poderes del Estado han sido copados y secuestrados por políticos mercantilistas, criminales y corruptos de todo tipo. Resulta generalmente imposible, se pueda gestar una estructura económica y logística que, desde la “izquierda caviar” o desde la izquierda popular, pueda llevar adelante un proceso fraudulento, contrario a los intereses de una ultraderecha hegemónica e intolerante; y más aún, resultaría poco creíble que una asonada como esa, no sea descubierta, y sobre todo, pueda terminar con éxito.

Contrariamente, ha sido la ultraderecha la que, durante este último lustro, desde un Congreso cuestionado y un pacto mafioso entre el conservadurismo diestro sumado a los sectores de baja reputación de la izquierda, la que ha terminado consolidando las bases para perpetuar su dominio sobre las demás instituciones del Estado, apuntando anticonstitucionalmente, a una ampliación del espectro electoral, que ha producido la dispersión del espacio político —35 partidos participaron en estas elecciones—, para dar lugar a la excesiva fragmentación de votos y votantes, preparando el camino, con ello, para un nocivo continuismo congresal totalitario, inmoral y clientelista, alineado a los intereses evasores y corruptos de las grandes empresas. Además de haber creado las condiciones fraudulentas para que un gobierno antidemocrático fascistoide y criminal, como el que el fujimorismo encarnaría, finalmente pueda acceder a la presidencia. Congreso fortalecido, aún más, debido a que —desobedeciendo las decisiones ciudadanas asociadas a un referéndum que votó en contra de dividir en dos cámaras el legislativo— ahora contará con una instancia suprema de senadores intocables, y otra de diputados todavía terrenales.

En todo caso, existen algunos indicios que podrían obedecer también a un presumible boicot a las labores de la ONPE, maquinado directamente por López Aliaga y compañía, sabotaje que habría impedido la óptima gestión de las responsabilidades de dicha organización, como el transporte del material electoral. Acciones sospechosas que deben ser investigadas y judicializadas. Sobre todo, porque la cuestionada empresa, que fuera la responsable de la distribución de las ánforas y actas electorales, durante aquel domingo de elecciones, la que habría generado el presumible retraso en la entrega del material electoral, es decir, Servicios Generales Galaga, ha estado relacionada a las gestiones corruptas del partido Renovación Popular y López Aliaga, en la Municipalidad de Lima.

No obstante, hay un asunto que sospechosamente no está presente en las discusiones que vienen dándose entorno a la claridad o no de las elecciones; que forman parte de las exigencias en pos de la transparencia y la legalidad de un proceso democrático. Desde datos que no están siendo cuestionados ni divulgados por la prensa concentrada peruana —casi íntegramente alineada a los intereses de una ultraderecha fascista y a las voluntades de la clase social dominante—, ni investigados por los organismos de justicia electoral ni por el Poder Judicial. Sobre todo, porque se han reportado casos de manipulación y fraude focalizado, que favorecerían al fujimorismo, a partir de actas electorales correspondientes a diferentes zonas del país, previamente marcadas con el símbolo de Fuerza Popular.

Hecho que resalta un Modus operandi, natural al fujimorismo, que hizo que, también durante la primera vuelta de 2021, se dieran evidentes casos de manipulación y alteración de resultados; pues, el candidato que debió pasar a segunda vuelta, acompañando a Castillo, que habría ocupado el primer lugar, no fue Keiko, sino Hernando de Soto, de Avanza País —que no dijo nada a pesar de las evidencias que hablaban de robo y suplantación de votos—; y como el único que reclamó y acusó directamente al fujimorismo de haber realizado fraude, sindicándolos como responsables de haber adulterado las cifras, para ubicar a Keiko en segundo lugar, fue López Aliaga, a manera de consuelo, terminaron por ubicarlo en el tercer lugar, relegando a un medroso De Soto, al cuarto puesto.

Mapa electoral 2026

Otro elemento anómalo que también pudo enturbiar aún más el proceso, se encuentra en las divergentes estadísticas, ofrecidas por las empresas Ipsos y Datum —correspondientes primero al flash electoral, y luego, a los resultados del “conteo rápido”—, que mostraban un sospechoso desacuerdo en los porcentajes y las cifras. Pues, mientras Ipsos, que había realizado su sondeo por encargo de Transparencia y el National Democratic Institute, mostraba resultados un tanto más cercanos a las cifras que luego emitiría la ONPE, pues ubicaba en primer lugar a Keiko de Fuerza Popular, con un 17.1 %; seguido por Sánchez de Juntos por el Perú, con un 12.4 %; y ponía en el tercer lugar a López Aliaga de Renovación Popular con 11.3 %; relegando a Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, a un cuarto lugar, con 10.8 %; la empresa Datum, a servicio del Grupo El Comercio y América Televisión —medios alineados a los intereses de la ultraderecha financiera peruana—, irresponsablemente se apresuraba a publicar unos resultados totalmente distintos, cifras que, no obstante ubicar también en primer lugar a Keiko, con 16 %; ubicaba en la segunda casilla a López Aliaga, con 12.8 %; seguido por Nieto, en tercer lugar, con 11.6; mientras relegaba a Sánchez a un “improbable” quinto lugar, con 10 %, porcentaje que resultaba poco creíble, sobre todo si lo comparamos con la cifra divulgada por Ipsos.

De alguna manera, mientras los resultados del conteo rápido de Ipsos tuvieron que esperar hasta el mediodía del lunes 13, para ser divulgados, puesto que ese lunes se había abierto las mesas de sufragio que habían quedado pendientes el día anterior; las sospechosas cifras de Datum, habían sido publicadas apresuradamente, durante la noche de ese mismo domingo. Las razones quizá puedan desprenderse de los discursos “fraudistas” que se han venido divulgando durante todos estos días. A todas luces, lo que Datum buscaba —no sabemos sus reales motivaciones—, era que su sondeo se convierta en el pretexto perfecto para que López Aliaga reclame la manipulación de los resultados y refuerce con ello sus acusaciones de fraude, en contra de la ONPE, y continúe pidiendo que se anulen las elecciones.    

Tras la divulgación de los resultados definitivos del conteo rápido, realizado por Ipsos, al 95.7 %, inmediatamente empezaron a circular una serie de insultos, en contra de dicha empresa y en contra de Transparencia, diatribas que buscaban deslegitimar unas cifras que finalmente fueron las que más se han acercado a las estadísticas oficiales que ha estado proporcionando la ONPE, durante estos días. En tanto, los desesperados partidarios de un triunfo de López Aliaga sobre Sánchez, empezaban a enarbolar los resultados de Datum, como los correctos, para, continuar clamando fraude, y seguir ensuciando los accidentados resultados de estas elecciones. En las que, las evidencias de un fraude electoral, realizado desde el polo caviar, que incluiría a Gorriti y a Corvetto, parecen no existir, o por lo menos las pruebas no las tiene López Aliaga, que igual se las inventa. Por lo que ha llegado a ofrecer 20 mil soles de recompensa, a trabajadores de esos organismos electorales, que le puedan brindar información veraz, sobre irregularidades o el fraude cometido en dicho proceso, un proceso hasta ahora estigmatizado por el sabotaje que está llevando a cabo Renovación Popular.

Tal vez sea en esta etapa del proceso, en la que al líder de Renovación Popular le corresponda llevar a cabo su campaña —una campaña marcada por la bravuconería, el discurso sexista y los agravios— en pro de sabotear las elecciones e impedir que se conozcan los resultados finales de esta primera vuelta; en tanto la lideresa de Fuerza Popular permanece tranquila. No obstante, la historia reciente nos dice que, ya en la segunda vuelta, será ella la que no reconozca su derrota y termine por mandar al trasto los resultados electorales, inaugurando así un nuevo lustro de pataletas, componendas, leyes pro-crimen, extorsión, infamias y estrategias de vacancia constantes, que terminarán marcando el futuro político inmediato de lo que conocemos como democracia representativa, en el Perú, pero en su versión más viciada y teratológica. Síntomas que evidencian aquella pulsión antidemocrática, mercantilista y autoritaria, característica a los sectores hegemónicos y retardatarios que detentan virtual y fácticamente el poder. Actores cuyos avatares políticos, no hacen otra cosa que envilecer aún más al país, empeñados, como están, en entorpecer y ensuciar el ya precarizado espectro de esa ficción sociopolítica que conocemos como democracia peruana.                                                                                  

                                                                                                                Rafael Ojeda